La resolución rechaza la petición de la Iniciativa Ciudadana Europea «My Voice, My Choice» de financiar servicios de aborto con fondos de la UE. Subraya que la política sanitaria y los servicios médicos, incluido el aborto, son competencia exclusiva de los Estados miembros según los tratados de la UE. Ampliar las competencias de la UE en este ámbito contravendría el principio de subsidiariedad. El marco legal actual permite a cada país regular estas cuestiones de forma independiente. No se consideran necesarias nuevas medidas o propuestas legislativas a nivel europeo.