La directiva busca simplificar los requisitos de información sobre sostenibilidad y diligencia debida de las empresas en la UE, reduciendo la carga administrativa. El ámbito de aplicación se limita a grandes empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros en ingresos para aliviar la burocracia. Se introducen estándares de auditoría más flexibles y formatos de informe voluntarios para facilitar su implementación. Las obligaciones de diligencia se centran en socios comerciales directos para disminuir la presión sobre las empresas. El objetivo político es equilibrar transparencia, competitividad y viabilidad en las normativas de sostenibilidad.