El mecanismo de condicionalidad busca proteger el presupuesto de la UE frente a riesgos derivados de violaciones del Estado de derecho mediante medidas financieras cuando se amenaza la buena gestión presupuestaria. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de valores fundamentales de la UE, como la democracia y los derechos humanos, y mantener la confianza en la Unión. Hasta ahora, se ha aplicado principalmente en Hungría, mientras que su implementación en otros Estados miembros sigue siendo limitada. Los bloqueos políticos y la falta de transparencia han debilitado la credibilidad de esta herramienta. En el futuro, deberá aplicarse de manera más coherente e independiente de intereses políticos para aumentar su eficacia.