Esta directiva introduce requisitos armonizados de transparencia para las actividades de lobby en nombre de terceros países dentro de la UE. Su objetivo es establecer estándares uniformes para evitar condiciones desiguales de competencia y reducir los costos de cumplimiento en el cabildeo transfronterizo. Se centra en la divulgación de actividades que puedan influir en procesos políticos o legislativos. Quedan excluidas las actividades diplomáticas, el asesoramiento jurídico y la investigación académica, a menos que su fin sea ejercer influencia. El propósito es fortalecer la rendición de cuentas democrática y fomentar la confianza pública.
