El acuerdo propuesto sobre comercio digital entre la UE y Singapur busca fortalecer la seguridad jurídica y la protección del consumidor en el mercado digital. Se cuestiona su compatibilidad con los derechos fundamentales de la UE, como la protección de datos y la privacidad, ya que las cláusulas de salvaguarda son más restrictivas que las de la Carta Europea. La falta de definición clara de 'código fuente' podría limitar medidas regulatorias sobre IA y algoritmos, en conflicto con las leyes digitales de la UE. Al no contar Singapur con una decisión de adecuación según el RGPD, los flujos transfronterizos de datos generan preocupaciones. El Parlamento solicita un dictamen del Tribunal de Justicia para evaluar la conformidad del acuerdo con los tratados de la UE.