La directiva propone un marco común para la fiscalidad de las empresas en la UE con el fin de unificar el cálculo de la base imponible. Busca reducir la complejidad y las diferencias entre los 27 sistemas fiscales nacionales para evitar la doble imposición y la elusión fiscal. Se prevé una aplicación opcional para grupos empresariales con ingresos inferiores a 750 millones de euros, facilitando también a las pymes su expansión transfronteriza. A largo plazo, se establecerá un mecanismo permanente de reparto de la base imponible basado en criterios como empleo, activos y ventas. Esto mejorará la seguridad jurídica y fomentará la equidad fiscal en el mercado único.